Cuando el sueño se torna en pesadilla

Artículo de Maribel Mora en El Plural

Los CIE están ocasionando un insoportable sufrimiento humano y un estado de excepción para los derechos humanos en nuestro continente

Si algo caracteriza a la historia de la Humanidad es la capacidad que han tenido las diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo para generar relatos que expliquen y, a veces, justifiquen su forma de actuar. Pero no dejo de preguntarme con qué ojos verán quienes nos sucedan todas las atrocidades que las sociedades de los países desarrollados estamos cometiendo contra nuestros semejantes. En qué momento las duras historias de personas migrantes contadas en primera persona, que a la mayoría de nosotros nos conmueven y nos desgarran por dentro, dejaron de importar, dando paso al silencio y la complicidad de la opinión pública ante la sistemática violación de los derechos y libertades de estas personas.

Probablemente muchas sean las causas que nos han llevado hasta aquí: las políticas del miedo al diferente, inculcadas desde los respectivos gobiernos como forma de legitimarse; la deshumanización y cosificación de estas personas a los ojos del gran público, reduciendo la vida de millares a simples y amenazantes estadísticas en un afán de convertir en “hordas invasoras” a personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

No son centros, son cárceles

Algo está fallando cuando el origen y la pobreza o vulnerabilidad de las personas que llegan a nuestro país puede dar con ellos entre rejas, en lo que se conoce como Centro de Internamiento de Extranjeros, un bonito eufemismo para llamar a las cárceles en las que se ven confinadas personas inmigrantes cuyo único delito, en la mayoría de los casos, ha sido huir del hambre, la guerra o la persecución en sus países de origen. Nada importa que muchas de estas personas internas hayan llegado en patera, jugándose la vida en el mar, tras recorrer miles de kilómetros a merced de las mafias, en busca de un futuro mejor, algunas de ellas tras acabar de superar un experiencia tan traumática como un naufragio. O que hayan sido mujeres víctimas de las redes de trata, menores sin familia, etc.

El trato humano que les proporciona nuestro país a estas personas es la privación de libertad en centros hacinados, ruinosos e insalubres, y por si eso era poco, la vulneración de muchos de sus derechos reconocidos legalmente, ya que los CIE son espacios de enorme opacidad  en el Estado de derecho, donde se repiten denuncias de  casos de malos tratos, suicidios,  muertes por enfermedad sin asistencia adecuada.

Un procedimiento ilegal

Pero, ¿por qué dar el trato más inhumano a quien más necesita nuestra ayuda? En teoría, los CIE se definen como establecimientos de carácter no penitenciario –aunque las condiciones de internamiento muchas veces sean peores que las prisiones, algunos de ellos son incluso antiguas prisiones que fueron cerradas hace muchos años por no cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad- donde se ingresa cautelarmente a extranjeros que están pendientes de que se ejecute una orden de expulsión a su país de origen. Dejando de lado lo desproporcionada que puede llegar a ser esta medida, a veces absurda por ser gente que no podrá ser expulsada, y que la política migratoria de nuestro entorno ha fracasado por completo, me gustaría profundizar aquí en la realidad de los CIE, pues cumplen varias funciones, pero que distan mucho de las que tiene atribuidas por parte del Gobierno.

En la actualidad, estos centros no están siendo usados para aquello para lo que fueron concebidos (aunque su propia concepción ya sea una aberración), si no, cómo explicar que menos de un tercio de las personas internas hayan sido finalmente expulsadas de nuestro país. Esto se debe a que en la práctica, los CIE se están utilizando para identificar a inmigrantes que se sabe que no pueden ser internados. Este procedimiento, que es ilegal a toda luces, se lleva a cabo por parte de la Policía Nacional en contra de una Circular del propio Ministerio del Interior que prohíbe esta práctica, y que obliga a informar a los jueces de control de las nacionalidades que no pueden ser repatriadas. Que se siga internando a personas de estos países, como aquellas procedentes de Gambia, Camerún, Chad, etc.,  no deja de ser una muestra más de que los CIE son un agujero negro de los Derechos Humanos.

Los dos CIE andaluces

En Andalucía existen actualmente dos CIE, el de Algeciras y su anexo en Tarifa. Estos centros han estado envueltos en polémica no pocas veces, y recientemente una jueza ha ordenado mejoras estructurales en sus pésimas instalaciones para que la estancia en ellos no sea degradante para los internos. Si antes hacíamos algunas comparaciones, sin ir más lejos, el CIE de Algeciras se encuentra situado en lo que fuera la antigua cárcel, para qué disimular. Esta cárcel fue cerrada por su penoso estado de abandono y ante la posibilidad real de un derrumbe, pero al parecer, resulta apta para confinar a migrantes sin papeles. Racismo, ¿dónde?

El CIE de Algeciras nunca debería haberse abierto, pero ante la incontestable realidad de la conveniencia de su cierre, hay que recordar que la ocupación media de estos centros en España no supera el 35 por ciento y lleva varios años seguidos encadenando descensos tanto en el número de personas internadas y expulsadas. De nuevo nos encontramos con una cuestión de voluntad política. Acometer políticas migratorias efectivas y que garanticen los Derechos Humanos, o seguir privando de libertad en condiciones lamentables a personas que en la inmensa mayoría de los casos no han cometido delito alguno. Parecería una decisión obvia para cualquier persona, pero parece que no lo es tanto para nuestro ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha anunciado recientemente la apertura de dos nuevos CIE en Andalucía, en Algeciras y en Málaga.

Esta es la política migratoria que nos quiere hacer tragar el Partido Popular, como si no hubiera alternativa posible. Cuando el debate sobre el cierre de los CIE comienza a ser una realidad cada vez más apoyada en todo el Estado, el mismo Gobierno central que ha reconocido que el modelo actual de CIE ha fracasado propone construir nuevos centros; centros que son una vulneración de derechos en sí mismos y que están ocasionando un insoportable sufrimiento humano y un estado de excepción para los derechos humanos en nuestro continente. Y yo me pregunto, ¿cómo le explicaremos esto a las futuras generaciones?

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